Los recientes sucesos observados en varios países de la región que incluyen desde cambios políticos extremos a eventos económicos y sociales reflejan un ámbito distinto de aplicación de políticas públicas. El artículo revisa la experiencia de tres países y sintetiza algunas lecciones para las políticas públicas en la era de la comunicación.
En estas semanas Sudamérica ha experimentado desde cambios políticos profundos hasta convulsión social en diferentes países. Además de nuestro país, se cuentan países como Argentina, Ecuador, Chile y Perú, sin contar la grave crisis económica y humanitaria de Venezuela o las recientes manifestaciones públicas en nuestro país.
En esta nota reseñamos los eventos que suscitaron estos cambios en Argentina, Ecuador y Chile, haciendo énfasis en las causas y consecuencias económicas, para finalizar con reflexiones que nos llevan a pensar en que existen varios patrones en común e implicaciones para el futuro.
Argentina
A inicios de agosto, la relativa tranquilidad que experimentaba el país trasandino en un entorno de recesión, pero con apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI), se vio turbada por el triunfo de la fórmula peronista de Alberto Fernández en las elecciones primarias. El tipo de cambio escaló rápidamente y los precios de acciones en la bolsa de valores cayó inexorablemente ante la posibilidad de un gobierno progresista.
Frente a la derrota, la administración de Mauricio Macri recurrió a medidas de corte social durante dos meses para intentar revertir el resultado en las elecciones de octubre, aspecto que no ocurrió, sino que la victoria de Fernández se consolidó a fines de octubre en las elecciones generales y provinciales (departamentales).
La asunción al poder de Macri en 2015 fue vista con esperanza en el ámbito económico, luego de varios años de crecimientos del PIB que oscilaron alternadamente entre 2% y -1%. Además de eso, la administración anterior liderada por Cristina Fernández de Kirchner introdujo múltiples regulaciones y trabas en los diversos mercados, en especial el de divisas o moneda extranjera, además que redujo la confiabilidad en las estadísticas económicas, en especial de la inflación y el crecimiento.
Macri intentó reestablecer el orden económico unificando el tipo de cambio, dando autonomía al banco central para controlar la inflación y llevó de vuelta a la Argentina a los mercados financieros internacionales, con el fin de conseguir financiamiento externo. También removió algunas restricciones a las exportaciones.
Sin embargo, las medidas no generaron los resultados previstos a la velocidad deseada para mantener el poder político. La economía continuó oscilando, la inflación permaneció por encima de 20%, los salarios reales cayeron y la pobreza aumentó. Y, desafortunadamente, tampoco se pudo reducir el déficit fiscal y restaurar los equilibrios externo e interno; es decir, hacer sostenible el endeudamiento y reducir la inflación y el desempleo.
También se sumó el abrupto retorno a los mercados internacionales, con la esperanza de que un gobierno de orientación distinta a la del estatismo peronista implicara una entrada masiva de fondos del exterior en forma de inversión extranjera directa.
De hecho, tuvo que recurrir a un programa especial del FMI para tener financiamiento para el mercado de divisas y estabilizar la economía, algo que no pudo lograrlo en los últimos meses de gestión. Incluso el tipo de cambio subió rápidamente a $60 por dólar y la inflación terminaría por encima de 50%, sólo superada por Venezuela y Zimbabue.
La administración entrante tendrá que lidiar con varios problemas económicos como la reducción de la inflación, para lo cual deberá frenar la depreciación de la moneda argentina sin recurrir a controles cambiarios y reducir la deuda externa evitando llegar al incumplimiento.
Sin embargo, el desafío más importante se centra en promover el ámbito productivo, especialmente en el rubro de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes), de las cuales más de 20 mil habrían cerrado en los últimos cuatro años. Para ello se requieren cambios profundos a la política social, que ha reducido los incentivos de emprender y trabajar, para lo cual se requerirá una focalización y evaluación de eficiencia de las políticas públicas con evidencia.
Este año la economía argentina se contraerá en 3,1% y al año siguiente lo haría en más de 1%, según las estimaciones más reciente del FMI en sus perspectivas económicas de octubre para el mundo y Latinoamérica. Los desafíos mencionados, similares a los de Macri en 2015, marcarán la política económica de la administración entrante.
Ecuador
A inicios de octubre, el presidente Lenin Moreno decretó un aumento de los precios de combustibles en torno al 120%. Posteriormente se desataron conflictos en 17 de las 24 provincias (departamentos) del país sudamericano, lo cual obligó al gobierno a decretar el estado de excepción o estado de sitio. Frente a la magnitud y persistencia de los conflictos, el presidente Moreno tuvo que retroceder en esta medida.
El aumento se debió a dos razones: a) durante casi cuatro décadas el precio del combustible permaneció subsidiado; y, b) a raíz de la desaceleración de las economías emergentes y el menor precio del principal producto de exportación, el petróleo, el gobierno tuvo que tomar medidas de ajuste frente a menores ingresos y gasto público incrementado.
En efecto, el crecimiento ecuatoriano se desaceleró de 7,9% en 2011 a 1,4% el año pasado. De hecho, la economía apenas creció 0,4% en el primer semestre de este año.
Con el advenimiento de la desaceleración, el gobierno solicitó ayuda financiera al FMI en marzo de este año por 4,2 mil millones de dólares, equivalentes a casi 4% del PIB anual de Ecuador.
Esta ayuda era necesaria para cubrir el déficit fiscal de alrededor de 7% del PIB que tuvo en 2015 y 2016, el cual se redujo a la mitad, pero requería bajar aún más porque el techo de endeudamiento se había alcanzado y por la naturaleza dolarizada de la economía ecuatoriana.
Este último factor, la dolarización de jure o legal de Ecuador le impide emitir moneda nacional o modificar las tasas de interés, por lo cual el principal elemento es reducir los salarios reales como la principal forma de mejorar la competitividad de la economía.
Al igual que en el caso boliviano de diciembre de 2010, cuando el gobierno aumentó los precios de los combustibles y tuvo que retroceder una semana después, las autoridades ecuatorianas tuvieron que dar marcha atrás porque no pudieron controlar las masivas manifestaciones, en especial en la capital Quito. De hecho, el presidente Moreno tuvo que mover la sede de gobierno a Guayaquil para mantener la gobernabilidad. Y se estima que los costos de la conflictividad ecuatoriana alcanzan los $us2.500 millones.
Se espera que Ecuador retroceda 0,5% en este año y que se recupere moderadamente en 2020, en medio de la ejecución de diversas reformas estructurales en los ámbitos fiscal, laboral y financiero, las cuales deberán ser efectuadas con el adecuado tino político del caso.
Chile
Hasta mediados de octubre, este país era considerado un oasis en Latinoamérica porque pudo combinar durante casi 30 años un manejo económico exitoso con estabilidad política en un marco democrático. Además, ha estado a la cabeza de Latinoamérica en los principales rankings internacionales como de competitividad, clima de negocios, libertad económica, innovación, entre otros.
Sin embargo, las violentas manifestaciones surgidas después del incremento de la tarifa del transporte subterráneo o Metro indujeron a su presidente Sebastián Piñera a decretar estado de excepción en varias regiones (departamentos), incluyendo la intervención de fuerzas armadas y estado de sitio.
Fueron al menos dos semanas de convulsión extrema en el país vecino, con saqueos, manifestaciones violentas y quemas de edificios. Las interrupciones al transporte de pasajeros en la Región Metropolitana de Santiago impidieron que la actividad económica se desarrolle normalmente. Cabe añadir que el alza del precio del transporte se revirtió como una de las medidas iniciales para controlar la situación.
La pregunta más recurrente al interior y exterior de Chile fue qué impulsó a miles de personas a manifestarse violentamente por el incremento de 4 centavos de dólar en el Metro. El país vecino tiene el ingreso por habitante más alto de Latinoamérica ($us24 mil por año que es tres veces el ingreso de Bolivia, corregido por poder de compra) y pobreza por debajo del 10% de la población.
La paulatina reflexión apuntó a la alta desigualdad de oportunidades que existe en Chile. Si bien el promedio de los ingresos es alto como se mencionó, el ingreso está desigualmente distribuido puesto que 1% de la población más adinerada posee un cuarto de la riqueza del país, mientras que la mitad de la población posee apenas 2% de la riqueza.
Si bien en el ámbito económico, la desigualdad es un tema de permanente discusión sobre si conviene o no reducirla, en el caso chileno generó expectativas desproporcionadas dado el éxito económico: el salario mínimo de $us5.100 por año es apenas 30% más alto que el de Bolivia y es un tercio del PIB por habitante de dicho país.
Cientos de miles de empleados y emprendedores reciben ingresos bajos que no son adecuados como para vivir en un país con un estándar alto de vida como Chile. Esto incluye un moderno sistema de transporte que está a la altura de las capitales mundiales, pero cuyo costo es extremadamente alto para una mayoría de habitantes, que en varios casos destina hasta un tercio al transporte.
Por otra parte, la reducción de la pobreza ha generado una inmensa clase media que todavía ese encuentra en el segmento vulnerable o aquel que puede volver a la precariedad ante diversos eventos.
De igual forma es alarmante la baja oportunidad de acceso a sistemas educativos y de salud de calidad que, a su vez, promueven la movilidad social. De igual forma, los montos bajos de ingresos por jubilación han puesto en entredicho al sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de las cuales el pionero es Chile.
Afortunadamente las protestas se han moderado después de la concentración de 1,2 millones de personas en el centro de Santiago de Chile, donde el mensaje de la multitud fue contundente respecto a la necesidad de mejorar las perspectivas de miles de habitantes del país vecino como de restaurar la paz y la reconciliación.
El presidente Piñera inició una serie de señales frente a este sentir como el cambio de miembros clave del gabinete, incremento de pensiones de vejez, creación de mesas de diálogo, entro otras. Las más sentidas para la administración gubernamental fueron la cancelación de las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25).
Finalmente cabe acotar que Chile experimentó una desaceleración marcada desde 2011 (6,1% de crecimiento del PIB) a un promedio levemente superior a 2% en los últimos cinco años. Se espera que el crecimiento este año termine en 2,3%, mientras se discuten e implementan también reformas estructurales.
Implicaciones para la política pública
Los casos de países específicos descritos anteriormente muestran importantes cambios respecto a la conducción de la política económica. El sentir de la población ya no viene de la mano de interlocutores visibles sino de conjuntos grandes y variados de la población.
Éstos no sólo se observan en países en desarrollo, sino también en naciones desarrolladas, como fue el caso de los “chalecos amarillos” en París, que resultó en una movilización ciudadana sin cabezas visibles. O lo que sucedió en Hong Kong ante las protestas por una ley de extradición. O en el lejano Líbano, donde el primer ministro tuvo que renunciar frente a presiones gatilladas por un impuesto al flujo de comunicaciones por medio de las redes sociales.
Estamos frente a un momento distinto, donde las multitudes se agrupan espontáneamente, aunque coordinadas mediante las redes sociales, para manifestarse frente a determinadas medidas de política pública. Los gobernantes no tienen interlocutores únicos, sino variados para intentar negociar.
En tal sentido, es indispensable que la sociedad esté y se sienta representada frente a las distintas instancias gubernamentales, en especial respecto a medidas que afectan su bienestar económico y social. También se requieren instituciones más efectivas para proveer los servicios públicos y atender las demandas sociales.
También es fundamental que se preste atención a las expectativas sobre el bienestar que tiene la población, así como a las ponderaciones relativas respecto a otros grupos de la sociedad. Paradójicamente, el recién renunciado ministro de Hacienda de Chile Felipe Larraín y el expresidente del banco central de dicho país Rodrigo Vergara publicaron un artículo académico dos décadas atrás respecto a la importancia de combatir la desigualdad por el posible conflicto social que implica.
Como se deduce del reciente libro “El corredor estrecho: estado, sociedad y el destino de la libertad” de los destacados economistas James Robinson y Daron Acemoglu en su, es momento de que los profesionales de políticas públicas vean cómo se pueden combinan las necesidades de la sociedad con las responsabilidades del Estado, en un marco democrático que tiene un sentido más amplio acorde a las expresiones ciudadanas.
El traspiés reciente latinoamericano se ha reflejado en las cifras de crecimiento económico como en las perspectivas económicas. La región requiere transformaciones económicas e institucionales profundas, las cuales las deberá hacer en un marco de formulación de política pública más exigente y reactivo que antes.
