CAINCO expresa su preocupación institucional por la promulgación de la Ley No. 1390, la cual incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diversos delitos.
Al respecto, cabe señalar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es aplicable a legislaciones que se sustentan en fundamentos diferentes a los establecidos en la normativa boliviana, razón por la cual no vemos conveniente incluir esta figura en el ordenamiento jurídico nacional.
Luego de un estudio de legislación comparada, evidenciamos que incluso los Estados que aplican este tipo de sanciones, han incorporado figuras como el “Compliance” para eximir a las personas jurídicas de la responsabilidad penal, estipulación que no ha sido incluida en la norma de referencia.
Desde la institución consideramos que la Ley No. 1390 pone en una situación de vulnerabilidad a las personas jurídicas, civiles y comerciales, que podrían ser sancionadas sin tener culpabilidad, en virtud a infortunadas actuaciones dolosas de algún funcionario y/o directivo.
Lamentamos que las observaciones y recomendaciones planteadas por CAINCO a las autoridades a través de diversas cartas y reuniones institucionales, no hubieran sido tomadas en cuenta al momento de la aprobación de la norma.
Consideramos que los sectores público y privado debemos trabajar de forma conjunta en la generación de políticas públicas que atraigan inversiones al país y garanticen la seguridad jurídica de las mismas. En este sentido, ratificamos nuestro compromiso de trabajar en una agenda efectiva de reactivación de la economía y el empleo.
