De la mano del Centro Boliviano de Economía CEBEC, compartimos un análisis sobre los efectos económicos del coronavirus que sorprendió desprevenidos a todos y en todas partes.
Por: Pablo Mendieta, Subgerente CEBEC
El “coronavirus” sorprendió desprevenidos a todos y en todas partes. La primera reacción frente a esta enfermedad fue tomar una medida que la historia señala como característica de epidemias y pandemias de esta magnitud: cuarentena y aislamiento físico y social.
Primero fueron los cuatro millones de estudiantes, principalmente escolares que tuvieron que detener sus actividades abruptamente como una medida rápida para frenar la expansión del virus. Luego siguieron las cinco millones y medio de personas ocupadas en Bolivia tuvieron que paralizar sus actividades. De esa forma, Bolivia experimentó diez semanas de cuarentena rígida.
Desafortunadamente, esta crisis mostró las carencias económicas y sociales, varias de ellas estructurales como es la informalidad. Ésta se define como aquella que, sin ser ilegal, no se apega a las regulaciones estatales en la actividad económica.
Por ejemplo, de los cinco millones de ocupados, algo menos de un millón ahorra para su jubilación y trabaja en empresas que aportan a las arcas del Estado; y apenas que un millón y medio tiene seguro médico.
Por tanto, aproximadamente cuatro millones de personas no cuentan con los beneficios de la formalidad: seguridad industrial en el quehacer diario, seguro médico para eventos sanitarios y seguro de vejez con las condiciones mínimas de subsistencia, entre los principales.
Desafortunadamente, el virus también generó disyuntivas antipáticas a muchísimas personas.
Por ejemplo, un millón y medio de trabajadores en el país tiene sus ingresos o diarios o semanales. Por tanto, ese grupo ha estado bajo la triste disyuntiva de escoger entre la probabilidad de 10% de contagiarse del virus o de 100% de no tener cómo sobrevivir en la cuarentena, como lo señala el economista de la universidad de Harvard Ricardo Hausmann.
La respuesta gubernamental para esas familias ha sido relevante por intermedio de las transferencias directas a hogares, puesto que mitigaron las necesidades apremiantes de recursos económicos para afrontar la pandemia.
El 25% más pobre de la población requiere cerca de Bs600 al mes por persona para sus necesidades. Por tanto, las asignaciones del bono familia y universal (Bs500) y de la canasta familiar (Bs400) han representado claramente una ayuda para siete millones de habitantes. Desafortunadamente, todavía más del 40% de la población no tiene una cuenta financiera según el Banco Mundial, lo cual impidió una más rápida transferencia de recursos.
Sin embargo, condiciones estructurales del país implican problemas en la cuarentena para los hogares menos vulnerables. De hecho, un millón y medio de hogares no dispone de un conservador de alimentos como refrigerados y freezer, lo cual limita las posibilidades de hacer una cuarentena estricta. O peor aún, sólo el 30% de estos hogares tiene apenas un cuarto generando hacinamiento.
Y en la lucha sanitaria contra el virus, es deplorable que 220 mil hogares no cuentan ni con agua limpia ni con jabón según la encuesta de hogares 2018 del INE, mientras que 700 mil hogares no cuentan con este elemento sanitario indispensable para la limpieza y el cuidado con el coronavirus.
La situación descrita anteriormente genera que sea difícil mantener indefinidamente la cuarentena en el país. Esta faceta no sólo se evidencia en Bolivia, sino en todo el mundo.
De esa forma, después de ganar tiempo con la cuarentena para la preparación médica se tiene que afrontar la reanudación de las actividades.
Para ello es conveniente adoptar las mejores prácticas individuales y colectivas, como las que están reseñadas por el Banco Interamericano de Desarrollo: i) uso masivo de pruebas; ii) alerta permanente; iii) restricciones a los desplazamientos; iv) fuerte énfasis en el cuidado individual; y v) una normalidad moderada.
Es una situación nueva y desconocida para la humanidad en el siglo XXI, en el cual se aprenderá a vivir una nueva normalidad, con los desafíos que implica. En la medida que se planteen políticas públicas adecuadas, implicará menor énfasis en la disyuntiva inicialmente planteada entre vida y medios de vida.
