Desde 2013, si el crecimiento del PIB supera el 4,5% se paga un salario adicional a los trabajadores formales. En el presente artículo se exponen argumentos técnicos que muestran que la medida está mal diseñada y que, por tanto, genera problemas a las empresas y al país en su conjunto.
Uno de los objetivos de la política de remuneraciones de una empresa es que ésta sirva para compensar adecuadamente el esfuerzo de sus trabajadores, de tal forma que la producción se efectúe de la mejor manera, tanto en términos de productividad como de clima laboral.
En varios casos, se utiliza el esquema de remuneración variable que depende del esfuerzo de los trabajadores. Por ejemplo, varios vendedores reciben su remuneración según el volumen de ventas conseguidos, en forma de comisiones. Es decir, una parte del salario es fija y otra depende de las ventas o de la producción.
En ese sentido, el comportamiento de las ventas o producción de una empresa que aplica este esquema dependerá de los esfuerzos individuales, entre los cuales existirán casos donde el esfuerzo será alto y otros bajo. Una política de remuneración inadecuada para una empresa sería que se pague a los trabajadores según sus ventas promedio.
Supongamos que las ventas de un empleado fueron Bs10 mil y de otro Bs20 mil y que ambos ganan una comisión de 4%. Si cada uno fuese recompensado acorde a sus ventas, el primero recibiría Bs400, mientras que el segundo Bs800.
Pero si se toma el promedio, Bs15 mil, la comisión sería Bs600. En este caso, el incentivo es muy alto (e inapropiado) para el primer trabajador, mientras que el segundo está sub-remunerado y lo más probable es que disminuya su esfuerzo hasta igualar al del primero.
Este resultado sencillo es una pieza de una de las contribuciones importantes del Premio Nobel de economía de 2001 Joseph Stiglitz con el economista Carl Shapiro, que se conoce como “salarios de eficiencia”.
Curiosamente, el bono “Esfuerzo por Bolivia” o Doble Aguinaldo (2A) incurre en esta falencia fundamental porque toma en cuenta el crecimiento promedio de la economía y no el desempeño individual o sectorial. Es decir, incurre en la “falacia de conclusión desmesurada”, porque llega a una inferencia que va más allá de lo que los datos señalan.
A continuación, resumimos algunas inconsistencias, incluida la anterior, de la medida señalada, desde una perspectiva técnica, demostrando que va en perjuicio de la economía.
- No toma en cuenta las ventas, sino el volumen
Supongamos de forma muy irrealista que los cientos de miles de empresas crecen al mismo ritmo y que éste fue superior al umbral para el pago del 2A (4,5%).
Eso significa que la producción de maíz, plásticos e hidrocarburos, como la provisión de transporte, servicios inmobiliarios y otros servicios habría aumentado 4,5%. Sin embargo, si los precios de estos bienes y servicios habría caída más de 4,5%, en realidad las ventas no habrían aumentado nada.
En términos más sencillos, supongamos que una empresa que vendía 10.000 toneladas por año ahora vende 10.500 toneladas, con un incremento de 5% en su producción. Pero a la vez, el precio por tonelada bajó de Bs1.000 a Bs950. Por tanto, sus ventas iniciales fueron Bs10 millones, mientras que posteriormente bajaron a Bs9,9 millones.
En ese caso, la producción de la empresa aumentó, pero sus ventas incluso bajaron. Esto implica que cualquier aumento en el costo laboral va en perjuicio de la sostenibilidad de la empresa.
Para hacer más ilustrativo, pensemos que los salarios son Bs6 millones y que en virtud del 2A ahora aumentó a Bs6,5 millones. Si los otros costos son Bs3 millones, la utilidad era Bs1 millón. Pero con el doble aguinaldo baja a un magro Bs500 mil.
Con una utilidad tan baja, la empresa confronta el problema de la sostenibilidad. Es decir, cualquiera de los cientos de miles de empresarios ve que su rentabilidad disminuyó y, por tanto, se cuestiona por la rentabilidad del negocio y si debe o no continuar con el emprendimiento.
Por tanto, uno de los problemas de diseño es que toma en cuenta la producción física, pero no las ventas, afectando la rentabilidad y sostenibilidad.
Puesto que no toma en cuenta las ventas, es indicativo que de acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al respecto es clara comparando el dinamismo entre 2006-2016 y el de 2017:
- El consumo de energía, gas y agua creció 6% en promedio, mientras que el año pasado lo hizo a una tasa de 2,5%.
- En el caso de ventas de restaurantes, éstas cayeron 2% luego de un incremento sostenido de 21% en los diez años previos.
- Las ventas facturadas de transporte aéreo de pasajeros y carga tuvieron un destacable crecimiento de 11% en promedio hasta 2016, que fueron seguidas por una modesta expansión de 3% el año pasado
Entonces, no toma en cuenta las condiciones de las empresas y los sectores en cuanto a las ventas, las cuales son determinantes para bonos por productividad y rendimiento.
De hecho, la desaceleración de la economía y el incremento de la carga laboral, explica que entre 2006 y 2015 las utilidades del sector privado hayan crecido a una tasa promedio del 15%, pero durante los últimos dos años experimentaron una caída promedio de 3% por año.
Es más, esta situación también se aplica al sector público, puesto que en este momento sus ventas o producción está por debajo de sus egresos o gastos. De hecho, en 2017 el déficit fiscal o la diferencia entre gastos e ingresos fue cercana a los $us3.000 millones, una cifra que equivale al 8% del PIB.
De esa forma, la medida en cuestión es inconsistente no sólo con la situación del sector privado, sino también con la del sector público. Entonces, todo el país estaría afectado negativamente por la medida si se procediese a pagar este bono.
- Crea tensión en el flujo de caja
Otro de los problemas de diseño es que supone implícitamente que el mes de pago de este bono, diciembre, estaría acorde con la dinámica de las ventas en el año.
Es decir, supone que las ventas en el último mes del año son al menos 60% más altas que en el resto de los meses.
Con el fin de aclarar esta explicación y siguiendo las cifras anteriores, el promedio mensual de ventas sería de Bs830 mil, mientras que los salarios mensuales serían Bs500 mil.
Para que no se genere tensión en el flujo de caja de las empresas, las ventas en diciembre deberían ser por lo menos Bs1,3 millones para poder pagar sin tensiones este bono.
Pero, el análisis cuidadoso de los patrones mensuales de producción de todos los grandes sectores de la economía incluidos en el PIB indica que, en el mejor de los casos, las ventas para uno de los sectores son 20% mayores que en el resto del año. Esto se aplica para aquellos sectores en los cuales se encontró un patrón mensual bien marcado.
- Desconoce la diversidad sectorial
Uno de los problemas más serios de esta medida es que supone que TODAS las empresas e instituciones están bien en términos de ventas y producción cuando el país crece por encima del umbral del 4,5%.
Esta percepción implícita es equivocada, puesto que incluso los años que se pagó este beneficio (2013, 2014 y 2015), varios sectores de la economía habían crecido por debajo de la tasa umbral, tal como lo muestra el cuadro adjunto.
El problema es aún más serio, porque utilizando análisis estadístico y tratando de ver el crecimiento potencial o de largo plazo por sectores, sólo cuatro sectores de 14 estarían creciendo estructuralmente a una tasa superior al 4,5%. Por tanto, 10 sectores no tendrían condiciones de largo plazo para crecer por encima de la tasa umbral.
En términos más sencillos, esto significa que si esta política se aplicaría sin modificaciones implicaría perjuicios sistemáticos a la mayoría de los sectores, porque su potencial de crecimiento estaría por debajo del umbral especificado.
Metodológicamente, se aplicó un filtro estadístico conocido como HP con un factor apropiado para Bolivia (65 mil), para identificar el crecimiento de largo plazo en el mes de junio de 2017, el último con el cual se cuenta información.
- No es un incentivo ni al trabajador
El Decreto Supremo 1802 del 20 de noviembre de 2013, que establece el pago del 2A, indica que “es necesario reconocer a las trabajadoras y los trabajadores del Estado Plurinacional, su rol contributivo y participativo en las políticas públicas que determina el Gobierno y mejorar las condiciones de los mismos, a fin de conseguir de estos una mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones” (el subrayado no está en el original).
Es decir, este pago incentivaría a los trabajadores a ser más eficientes. Este argumento es falso en la medida que existe en términos generales un millón y medio de trabajadores formales en el país, sin contar los dos millones adicionales de autoempleados o informales.
Para que sea un incentivo, cada trabajador formal debería por lo menos trabajar 173 horas adicionales en el año, que equivale a casi 22 días hábiles más. De esa forma el crecimiento podría ser de 4,5% con el esfuerzo de todos los trabajadores legales. Una forma alternativa es mejorar su eficiencia y producir más en el mismo tiempo.
Por tanto, supongamos que un trabajador formal se fija como objetivo esforzarse más para que el país crezca por encima de 4,5% y decide trabajar 40 minutos más al día. Tomando el cálculo más sencillo de productividad del centro de estudios The Conference Board, eso implicaría $us2.100 más de producción. Eso elevaría el PIB de Bolivia en 0.000006%.
Entonces, un trabajador formal individualmente no tiene el incentivo para producir más porque su aporte es muy pequeño y no existe forma de verificar que trabajó más o fue más eficiente. Además, que el crecimiento del PIB depende también de otros factores que están más allá del control de los trabajadores o empresarios.
Es más, entre los propios trabajadores formales o legales, no habría forma de controlar si es que fueron más eficientes o fue resultado de factores externos o del esfuerzo de sólo unos cuantos.
Por tanto, no constituye un incentivo para los trabajadores en la formalidad. Es más, si se anuncia con anticipación, el trabajador ya no tendrá ningún incentivo para esforzarse más porque ya sabe que le pagarán un salario adicional independientemente de su esfuerzo.
4,5. No aspira a tasas de crecimientos más altas
El DS mencionado señala que el 4,5% se constituye en un “indicador alentador en el crecimiento de la actividad económica interna que repercute de manera directa en el nivel de vida” (el subrayado no se encuentra en el original).
La pregunta de fondo es cuál debería ser el umbral de crecimiento para que una empresa pueda pagar un salario adicional.
Siguiendo con el ejemplo anterior, con un volumen de 10.000 toneladas cuyo precio es Bs1.000, lo cual implica ventas por Bs10 millones. Recordemos que Bs6 millones corresponden a la planilla salarial y que Bs3 millones son otros gastos operativos.
Por tanto, para que la empresa se vea incentivada a pagar un salario adicional y que esto no implique reducir las utilidades, las ventas deberían crecer por lo menos 8%, suponiendo que los precios se mantienen inalterados. De esa forma, el valor de las ventas, Bs10,8 millones, sirve tanto para justificar un salario adicional como mantener el margen razonable de rentabilidad.
Esto debe verse a nivel de cada empresa. Pero inclusive incurriendo en la falacia de generalización de la medida, podremos apreciar que el umbral es inadecuado.
En efecto, el crecimiento promedio en los noventa estuvo en torno a 4%, mientras que desde 2006 estuvo en torno a 5%. Sin embargo, las tasas de crecimiento realmente transformadoras están por encima del 6% e incluso 7%, tal como lo muestran las experiencias de crecimiento acelerado del Sudeste Asiático y de China.
Premiar el crecimiento de 4,5% es sólo reconocer el crecimiento ordinario, moderado y mediocre (en el sentido de promedio), y no el crecimiento excepcional o el que vale la pena apuntar para un cambio permanente de las condiciones de vida. Esto, sin contar, que este mecanismo implica actualmente problemas para el país en su conjunto en lugar de incentivos.
