- El 20 de junio pasado, la prestigiosa calificadora de riesgo Fitch ratificó su calificación al país en BB y señaló que su perspectiva se tornaría negativa en lugar de estable. El comunicado fue ampliamente difundido y también obtuvo una respuesta de parte del gobierno.
- En este boletín explicamos qué significa esta calificación, por qué se revalidó la calificación al país y a la vez se hizo una llamada de advertencia para el país, incluyendo también las respuestas de política.
- En primer lugar, conviene recordar que las principales agencias calificadoras de riesgo (Fitch, Standard&Poors y Moody’s) emiten su opinión sobre la capacidad que tiene un país de cumplir sus obligaciones externas, en particular de devolver lo prestado en mercados internacionales por los gobiernos.
- En general existen dos grandes clasificaciones: grado de inversión (investment grade) y no grado de inversión. La primera indica que la deuda que un país contrata en los mercados financieros globales será pagada y, por tanto, existe un adecuado grado de confianza en el país. Por el contrario, la otra señala que un país tiene un riesgo de incumplimiento (default) que puede ser leve hasta muy severo e incluso ya efectivo, como lo fue en el caso argentino por varios años, en especial durante los años de crisis en la primera década.
- En la historia económica boliviana, el país nunca ha tenido grado de inversión; es decir, las agencias calificadoras han señalado continuamente que existe la posibilidad de que el país no cumpla con sus obligaciones, que ha fluctuado entre menos y más vulnerable.
- Actualmente posee la clasificación de BB- en la escala de Fitch. Según la escala utilizada, BB implica que “Un país deudor es MENOS VULNERABLE en el corto plazo que otros [países] deudores con calificaciones más bajas. Sin embargo, enfrenta importantes incertidumbres y exposición a condiciones económicas, financieras o económicas adversas que podrían llevar a la capacidad inadecuada del deudor para cumplir con sus compromisos financieros” (Traducción libre, los énfasis en cursiva son propios).
- Esta clasificación es similar a la que tienen países tan distintos y en regiones diversas como Brasil, República Dominicana, Grecia, Jordania y Uzbekistán. Es menor a la de Chile (A) y Colombia (BBB) que tienen grado de inversión, pero mejor a la de Ecuador, El Salvador y Nicaragua, que comparten la nota “B-“.
- ¿Por qué Bolivia tiene esta calificación? Veamos las explicaciones que da al respecto la calificadora en el comunicado:
- El país todavía tiene una posición de liquidez externa relativamente fuerte, lo cual se basaría en el todavía bajo nivel de carga de la deuda, puesto que implica cerca de 4% de los ingresos totales y un nivel de deuda (36% del PIB, del cual 23% ya fue desembolsada) del umbral todavía por debajo de países más vulnerables. Y, aunque han caído las reservas internacionales, todavía superan la métrica de tres meses de importaciones que son identificadas como nivel mínimo.
- En contraposición, las debilidades del país se concentran en un bajo ingreso por habitante y bajos niveles de gobernanza (institucionalidad), alta dependencia de recursos naturales y baja inversión privada. De hecho, el ingreso por habitante del país es casi la mitad del promedio latinoamericano, la inversión privada también tiene una relación dos a uno respecto al de la región y el Foro Económico Mundial ubica a Bolivia en el puesto 129 de 140 en institucionalidad.
- En síntesis, el análisis indica que son los factores de manejo macroeconómico los que respaldan la calificación, mientras que su permanente estancamiento en “grado de no inversión” se debe a razones estructurales relacionadas con instituciones, diversificación y baja rentabilidad social y apropiabilidad de la inversión privada.
- Es innegable que el país tuvo durante varios años un razonable manejo macroeconómico, que impulsó hacia la mejora esta calificación. Es más, Bolivia estuvo entre los 50 países con adecuada administración macroeconómica al inicio de la década, aunque hoy está en un puesto 84 porque los indicadores se han deteriorado. Sin embargo, la alta debilidad estructural mencionada impide que Bolivia pueda subir de calificación. En ese sentido, es importante comprender que si queremos mejorar en la percepción de cumplimiento internacional debemos concentrarnos en mejorar las instituciones públicas y privadas, en diversificar la base productiva del país y en promover un mejor ambiente de negocios para el sector privado.
- En cuanto a la perspectiva negativa, la interpretación correcta es que en el lapso de uno a dos años, era bastante probable que la calificación disminuya si es que no se toman las medidas necesarias para revertir la situación.
- Según Fitch, esta perspectiva negativa responde a:
- Mayor vulnerabilidad macroeconómica debido a la caída de los ingresos fiscales, especialmente del sector de hidrocarburos
- El alto déficit fiscal (8% del PIB en 2018) y externo (5% del PIB en similar año) que no se ha corregido como se preveía.
- Incertidumbre sobre el rebalanceo macroeconómico que ocurriría posterior a las elecciones, puesto que ni el gobierno ni los partidos de oposición han expresado una visión clara sobre la magnitud, la velocidad y naturaleza de este ajuste macroeconómico.
- Este cambio en la perspectiva puede interpretarse entonces como una llamada a la acción en el ámbito macroeconómico, que es la única fortaleza destacada por Fitch, puesto que su deterioro implicaría mayor vulnerabilidad para el país, con efectos negativos no sólo sobre la capacidad de endeudarse, sino en la posibilidad de que el entorno macroeconómico se torne adverso para el crecimiento sostenido.
- ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar para mantener e incluso mejorar la calificación de riesgo soberano?
- Una urgente reconducción de las actividades del sector de hidrocarburos para su recuperación como fuente de divisas y recursos fiscales. Es imprescindible tener mayor certeza y baja opacidad (alta transparencia) en el sector, puesto que es todavía una fuente de recursos para el país y el sector público. Para ello también será conveniente pensar y adoptar un esquema de gobernanza corporativa institucionalizada, similar a la de empresas públicas en otros países.
- La necesidad e inminencia del rebalanceo macroeconómico en las áreas externa y fiscal, precautelando al sistema financiero. El desalineamiento cambiario es en realidad un síntoma de altas presiones de gasto, en especial de capital público que, si bien puede contribuir al crecimiento, tiene plazos de retorno muy largos; es decir, varios proyectos rendirán resultados en el largo plazo, cuando en realidad se requiere liquidez en el corto plazo para disminuir el déficit. En ese sentido, el superávit fiscal (o al menos, menor déficit) como los observados a inicio del año deben continuar e incluso ser más altos.
- La urgencia de tener señales claras de todos los frentes políticos sobre la naturaleza del rebalanceo macroeconómico y un posible consenso al respecto. Desde el gobierno se ha resaltado que se cuenta con un plan de largo plazo y se ha enfatizado el récord de crecimiento económico; pero no existe una visión clara sobre la senda de rebalanceo. Por otra parte, las plataformas políticas no se han manifestado respecto al inminente ajuste macroeconómico y la ausencia de señales exacerba esta sensación de incertidumbre.
- Finalmente, aunque no menos crucial, la pertinencia de mejorar el clima para la inversión privada, un aspecto que ha sido recurrente en las últimas décadas en el país. Bolivia ha tenido históricamente una de las tasas más bajas de inversión privada desde la estabilización. Esto refleja problemas que no son necesariamente financieros como los que se refleja en el sentido de la Ley 393 de servicios financieros, sino que tienen que ver más bien con la rentabilidad y apropiabilidad de los retornos privados. Es decir, ofrecer condiciones públicas y privadas para más emprendimientos y más empleos.
- En resumen, la calificación reciente de Fitch debe llamarnos no sólo a la reflexión sobre las importantes debilidades estructurales que impiden que podamos tener mayor grado de confiabilidad en el resto del mundo, sino también a la acción de restaurar el equilibrio fiscal y externo con señales claras y contundentes, apoyadas en mayor crecimiento y una priorización y secuencia adecuada de la inversión pública, además de los consensos políticos necesarios para avanzar en la dirección correcta.
Calificación de riesgo soberano de Bolivia
