Bolivia terminaría el año con el crecimiento más bajo desde 2003 como resultado de la recesión latinoamericana y de los conflictos sociales y políticos. Las perspectivas económicas de expertos nacionales y organismos internacionales hace un año apuntaban a que el dinamismo económico en 2019 iba a estar en torno a 4%, similar a la dinámica observada desde 2016.
Sin embargo, la importante caída de los hidrocarburos de 20%, hicieron que las perspectivas se corrigieron inicialmente a la proyección a un entorno cercano a 3% y, posteriormente los conflictos después del fraude en las elecciones generales del 20 de octubre, que habrían implicado $us. 1.000 millones menos de actividad, permiten anticipar que el crecimiento se situará en torno a 2% este año.
La orientación económica marcada por un fuerte énfasis en el Estado ha llegado a su fin y debe corregirse. La participación estatal en la producción subió de 21% en 2005 a un máximo de 44% en 2014, tanto por la nacionalización de sectores estratégicos como por la incursión del sector público en varias actividades productivas.
No obstante, la baja inversión en exploración de hidrocarburos y la incursión en proyectos con rendimiento a largo plazo hizo que el PIB público se estanque en torno a los $us. 14 mil millones, pese a que la inversión pública subió de 7% del PIB en 2005 a 13% en los últimos años. Por su parte, el sector privado aumentó su contribución de $us. 17 a $us. 28 mil millones entre 2013 y 2018.
El desbalance fiscal se agudizó en 2019, lo cual adelanta la necesidad de rebalancear las cuentas públicas. Desde 2014 el sector público ha incurrido en recurrentes y cada vez más altos déficit fiscales explicados fundamentalmente por el alza de la inversión pública. Unido al hecho de la menor actividad por los conflictos políticos, es altamente probable que el desbalance fiscal sea el más alto en el presente siglo, cercano al 9% del PIB.
Por tanto, la moderación de los egresos públicos debe ser más pronunciada puesto que gradualmente las fuentes de financiamiento externo (más deuda pública o menos reservas internacionales) serán más costosas y menos accesibles. Para ello, es recomendable que exista una priorización de la inversión pública, así como un programa de austeridad estricto en el gasto corriente.
Como resultado del desbalance fiscal, el resultado externo también será uno de las más altos en lo que va del siglo. La caída de los ingresos externos desde 2015, al inicio como resultado de los menores precios de exportación, en especial de materias primas, y en estos años por la caída de las ventas (nominaciones) del gas natural, implicaron un déficit comercial continuo y también un desbalance externo o de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que podría estar en torno a 5% del PIB.
Estas presiones sostenidas de gasto agregado junto al menor ingreso recibido por la economía se han plasmado en una pérdida importante de la competitividad cambiaria, la cual sólo se podrá corregir a medida que disminuya la demanda agregada, en particular del sector público, y se plasmen formas de incrementar los ingresos de exportación mediante la diversificación de productos y mercados.
El sistema financiero se encuentra tensionado, puesto que la liquidez ha disminuido en lo que va del año. Una vez concretado el proceso de profundización financiera en el país, el cual se plasmó en un mayor ahorro de la población en las entidades financieras, y ante la inminencia de la desaceleración económica, las captaciones crecieron cada vez a tasas menores.
Por el lado de los créditos, éstos tuvieron un aumento importante en los últimos años en virtud de lo establecido en la Ley 393 de servicios financieros, que determina metas para el crédito productivo y de vivienda social. Sin embargo, en el último año se hizo evidente que el crecimiento de las colocaciones se hizo a costa de la liquidez del sistema financiero, lo cual generó tensiones en dicho ámbito.
Las perspectivas para 2020 apuntan a un crecimiento moderado consistente con el rebalanceo macroeconómico. Los altos déficit fiscal y externo de 2019 son insostenibles, razón por la cual deberán ajustarse hacia la baja tanto en el gasto corriente como en la priorización de la inversión pública.
Este proceso implicará menor dinamismo en 2020, que podría estar en torno a 2,5%, puede ser remontado si es que se acelera las medidas que podrían facilitar que se ejecuten cuánto antes proyectos privados de impacto, así como medidas que permitan mejorar la liquidez en el sistema y promover la dinámica sectorial y empresarial.
Existen desafíos técnicos que deberán ser enfrentados cuanto antes para remontar el dinamismo global y sectorial y resolver las debilidades estructurales del país. Al presente existe inquietud e incertidumbre sobre el estado de la economía boliviana. Para dilucidar esta interrogante, es importante que se encaren al menos dos tareas: i) una auditoría imparcial y objetiva a cada repartición del Estado; y, ii) un diagnóstico independiente de cada sector de la economía. Con estos dos elementos, se podrán tomar las medidas del caso con un enfoque técnico y objetivo, para lo cual se podría establecer un plazo razonable de tres meses.
Sobre esa base, se podrán discutir las políticas que sean relevantes para mejorar la productividad y la eficiencia. En este momento existe la percepción de que las elecciones serían llevadas a cabo en el mes de mayo. Por tanto, será importante conocer las propuestas económicas de los diferentes frentes que brinden mayor bienestar económico y social a la población boliviana, en especial aquellas que puedan solucionar los aspectos estructurales que inhiben la posibilidad de tener mayor crecimiento. Y el gobierno de transición deberá promover las condiciones para que el siguiente gobierno pueda implementar cuanto antes estas políticas.
